Las organizaciones, colectivos, movimientos y personas no agrupadas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, de Popayán y del Departamento del Cauca, exigimos la atención oportuna del Estado en tiempos de emergencia sanitaria.
Teniendo en cuenta que las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas han tenido históricamente condiciones sociales, políticas, culturales y económicas difíciles por la falta de oportunidades como empleo formal, acceso a sus derechos, entre otros, que se han agudizado por esta crisis del covid-19. Y que, por tanto, el Ministerio del interior los ha priorizado como grupo poblacional por su alta vulnerabilidad, hacemos un llamado urgente a las autoridades de los gobiernos municipales y departamental del Cauca a responder por la atención oportuna y eficaz desde los enfoques de igualdad, equidad y diferencial por la vida de las personas más sensibles en esta emergencia sanitaria, social y económica a la que nos enfrentamos con esta pandemia.
El Estado a través de sus gobernantes tiene el deber de salvaguardar y garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía. En tal sentido, denunciamos a la opinión pública que, después de dos semanas de ordenada la cuarentena nacional por el Decreto presidencial 457 de 2020, y en el contexto de su ampliación hasta el 27 de abril para la población general y hasta el 31 de mayo para adultos mayores y estudiantes, no se han tomado medidas eficaces en el Cauca para responder a las necesidades de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas en mayor riesgo; no hay programas y planes de contingencia eficaces y oportunos que les permitan sobrellevar el aislamiento preventivo. Denunciamos que no ha habido transparencia en los listados que se han elaborado identificando y caracterizando a esta población. No se han hecho públicos los procesos de su focalización en los municipios, los medios digitales no están al alcance de las mayorías más vulnerables que no disponen de conectividad o acceso a las nuevas tecnologías, impidiéndoles la información y la participación. Por otra parte, no hay una interlocución permanente y diferenciada entre la sociedad civil organizada y el Estado para hacer veeduría y control participativo; no ha habido una rendición de cuentas acerca de las ayudas que se han recibido de colectas abiertas al público y la repartición de estas. Sin el debido control ciudadano al manejo de los recursos públicos, es imposible garantizar su uso eficaz.
De igual manera, manifestamos nuestro rechazo ante cualquier medida para restringir la movilidad de los ciudadanos que esté basada en el criterio sexo/género. Decisiones como el “pico y género” perpetúan y reproducen la violencia a la que han estado históricamente sometidas las personas trans, tal como ha sucedido en países como Perú, donde los abusos policiales y la discriminación social han aumentado, fundamentalmente hacia mujeres trans. Estas medidas se hacen aún más agresivas en tanto la Policía Nacional es una de las instituciones que mayor violencia ha ejercido sobre personas trans y no cuentan con una adecuada formación en temas de género y diversidad sexual.
Instamos a nuestros gobernantes a:
1. Emitir medidas que garanticen el bienestar físico y emocional de las personas trans y no binarias, que permitan atravesar el aislamiento obligatorio sin que nuestros derechos sean vulnerados y sin que se nos exponga a sufrir violencias sociales e institucionales. 2. Establecer un solo mecanismo permanente de comunicación con las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, para contar con información transparente acerca de las medidas que se están tomando, esto garantizará gobernabilidad y control social a las políticas. 3. Garantizar la participación ciudadana y de las organizaciones sociales en la toma de decisiones, control y evaluación de las políticas de emergencia en espacios ya existentes concertando un grupo interlocutor para hacer más transparente la gestión pública y evitar así la corrupción. 4. Priorizar a los grupos poblacionales más vulnerables con una caracterización adecuada que tenga en cuenta casos como adultos mayores, mujeres y hombres cabeza de familia, trabajadores (as) informales, trabajadores (as) sexuales, habitantes de calle, pacientes crónicos, personas en situación de discapacidad, personas viviendo y conviviendo con VIH, migrantes y víctimas de desplazamiento. No todos tienen acceso a medios digitales y es preciso llegar a ellos con trabajo social directo. 5. Garantizar que funcionarias y funcionarios públicos, que tienen a su cargo la atención de la emergencia, tengan claro los enfoques de equidad, igualdad y diferencial de género, pues afloran en esta situación estigmas, prejuicios y la discriminación hacia las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, en especial las personas trans y no binarias, que hemos estado expuestas a sufrir violencias sociales e institucionales y tenemos el derecho a atravesar el aislamiento obligatorio sin que sean vulnerados nuestros derechos. 6. Establecer de forma prioritaria los temas de seguridad alimentaria, salud sexual, salud mental, acceso a servicios de promoción y prevención en salud en general, servicios públicos, rutas de atención y de administración de justicia en casos de violencia intrafamiliar y de otros tipos, lugares seguros donde pasar el aislamiento de migrantes, habitantes de calle y víctimas de violencia intrafamiliar.
Por último, quienes firmamos ofrecemos nuestro apoyo solidario y hacemos un llamado a la solidaridad y unidad de la comunidad en la diversidad para superar esta crisis, fortalecernos y buscar en el futuro transformaciones sociales de fondo.
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